Hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en agosto de 2015, las entidades religiosas en Argentina enfrentaban una situación jurídica compleja y, en muchos casos, insuficiente para su funcionamiento institucional.

Aunque el país reconoce la libertad religiosa desde la Constitución Nacional, el marco jurídico aplicable a las iglesias y organizaciones religiosas —especialmente las no católicas— presentaba importantes limitaciones que obligaban a adoptar soluciones jurídicas indirectas para poder desenvolverse con normalidad.

Un sistema centrado casi exclusivamente en la Iglesia Católica

El antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield reconocía expresamente a la Iglesia Católica como una persona jurídica con un estatus claramente definido dentro del ordenamiento argentino. Esto le otorgaba un reconocimiento jurídico directo y una capacidad institucional propia para actuar, administrar bienes y relacionarse con el Estado.

Sin embargo, las demás confesiones religiosas no contaban con el mismo nivel de reconocimiento. Las iglesias evangélicas, por ejemplo, y otras organizaciones de fe debían recurrir a figuras jurídicas alternativas para obtener una estructura legal que les permitiera operar.

La necesidad de constituirse como asociaciones civiles

Ante la falta de un régimen específico para las entidades religiosas no católicas, muchas de ellas debían constituirse como asociaciones civiles. Esta solución, aunque útil en términos prácticos, generaba una serie de inconvenientes importantes.

Desnaturalización de su identidad religiosa

La asociación civil es una figura pensada para fines sociales, culturales, deportivos o educativos, pero no para reflejar adecuadamente la naturaleza espiritual, doctrinal y organizativa de una iglesia. Como consecuencia, muchas comunidades religiosas debían adaptar su estructura interna a un molde jurídico que no respondía a su realidad.

Esto implicaba, por ejemplo, incorporar exigencias formales que muchas veces no coincidían con su organización eclesiástica:

  • asambleas con reglas propias del derecho asociativo;
  • sistemas de designación de autoridades ajenos a la estructura ministerial;
  • mecanismos de gobierno pensados para entidades civiles y no religiosas.

Conflictos entre la organización religiosa y la normativa civil

Otro de los problemas frecuentes era la tensión entre el derecho interno de la comunidad religiosa y las exigencias del régimen civil aplicable a las asociaciones. En muchos casos, la forma en que una iglesia entendía el nombramiento de sus pastores, autoridades o representantes no coincidía con las exigencias administrativas de los organismos de control.

Esto podía generar dificultades en temas sensibles como la representación legal, la administración de bienes o la validez de ciertas decisiones institucionales.

Dificultades patrimoniales

La falta de un reconocimiento jurídico específico también traía problemas concretos en materia patrimonial. Muchas entidades religiosas encontraban obstáculos para comprar inmuebles, administrar templos, abrir cuentas bancarias o recibir donaciones a nombre de la comunidad religiosa.

En algunos casos, los bienes terminaban inscribiéndose a nombre de personas físicas, como pastores, líderes o miembros de la congregación. Esta situación generaba riesgos evidentes, tanto por eventuales conflictos internos como por problemas sucesorios, patrimoniales o de responsabilidad personal.

La inscripción en el Registro Nacional de Cultos no era suficiente

Muchas comunidades religiosas contaban con inscripción en el Registro Nacional de Cultos. Sin embargo, esa inscripción tenía carácter administrativo y no equivalía, por sí sola, al otorgamiento de personalidad jurídica plena.

En otras palabras, el Estado reconocía administrativamente la existencia del culto, pero eso no resolvía completamente su situación civil y patrimonial. Por ello, aun estando inscriptas en dicho registro, las entidades religiosas solían necesitar además una estructura como asociación civil para poder actuar jurídicamente de manera más completa.

Una situación de desigualdad jurídica

El esquema anterior a 2015 evidenciaba una diferencia importante entre la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Mientras una contaba con reconocimiento jurídico específico, las otras debían adecuarse a figuras del derecho privado que no respondían plenamente a su naturaleza.

Esta realidad fue durante mucho tiempo objeto de observaciones doctrinarias, ya que no reflejaba de manera íntegra el principio de libertad religiosa ni la necesidad de brindar un tratamiento jurídico más adecuado a la diversidad de credos existente en la Argentina.

Durante años, muchas iglesias y comunidades de fe funcionaron legalmente bajo figuras que les permitían existir en términos administrativos, pero que no representaban fielmente su identidad religiosa.

La reforma del Código Civil y Comercial de 2015

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 marcó un cambio importante en esta materia. A partir de entonces, las entidades religiosas pasaron a ser reconocidas expresamente como personas jurídicas privadas, lo que permitió avanzar hacia un régimen más acorde con su propia naturaleza institucional.

Este reconocimiento significó un paso relevante para superar muchas de las dificultades del sistema anterior, al brindar una base jurídica más apropiada para el funcionamiento de las organizaciones religiosas dentro de un contexto de mayor pluralidad y seguridad jurídica.

Conclusión

Antes de la reforma de 2015, las entidades religiosas no católicas en Argentina debían desenvolverse en un marco legal incompleto, que las obligaba a utilizar herramientas jurídicas pensadas para otro tipo de organizaciones. Esa situación generaba inconvenientes institucionales, patrimoniales y administrativos que afectaban su normal desarrollo.

La reforma del Código Civil y Comercial representó, en ese sentido, un avance importante, al reconocer de manera más adecuada la realidad de las entidades religiosas y ofrecerles una estructura legal más coherente con su identidad y función dentro de la sociedad.

Comprender este contexto histórico resulta clave para valorar la importancia del cambio legislativo de 2015 y para entender por qué hoy el reconocimiento jurídico de las entidades religiosas constituye un aspecto central de su organización y funcionamiento en Argentina.